MANIFIESTO DEL ORGULLO LGTBI ANDALUCÍA 2021

 

Las personas LGTBIQ+ andaluzas y familiares nos enfrentamos a la conmemoración de un Orgullo LGTBI Andalucía de 2021 muy especial, tras más de un año de dura pandemia, que ha supuesto el cuestionamiento de muchos de nuestros paradigmas sociales y culturales.

Además, nos encontramos en un punto decisivo de la aprobación de la Ley Estatal Trans así como en el 50 aniversario de la Gran Redad del Pasaje Begoña, de la localidad malagueña de Torremolinos.

Todo ello tiene su reflejo en el Manifiesto que las entidades andaluzas reivindicamos ante las Administraciones Públicas, las Organizaciones sociales, empresariales y sindicales, así como ante la ciudadanía en general.

Las personas trans tienen derecho a la libre autodeterminación de su identidad, libre de la patologización.

La posición del activismo LGTBIQ+ andaluz es unánime en su exigencia: la esperada Ley Trans que debe aprobar las Cortes Generales debe incluir sin ambages la libre autodeterminación de la identidad, de forma que las personas trans estén libre de la tutela clínica patologizante.

Numerosos organismos internacionales, incluido el Consejo de Europa y hasta Tribunal Europeo de los Derechos Humanos, seguido por nuestro Tribunal Constitucional, han declarado que el derecho a la identidad de género “implica un derecho a la autodeterminación”. Una vez que se despatologizan las identidades trans, la determinación de la identidad de género sólo la puede hacer cada persona, y por ello su mera declaración debe ser suficiente.

Porque las personas trans no acuden al registro para manifestar que “quieren ser”, sino para comunicar “que son”. Es decir, esa determinación o declaración de cada persona no es una “decisión” o “voluntad de ser”, sino la manifestación de un hecho que afecta a lo más esencial de una persona: a su “ser” desde el punto de vista de la identidad de género. Teniendo en cuenta que tras el derecho a la identidad de género están en juego derechos humanos, las instituciones deben adaptarse a esa configuración del derecho a la identidad como un nuevo derecho,

Por lo tanto, debe descartarse cualquier requisito adicional que suponga restricción o vulneración de derechos humanos. Eso ocurre si, como parece que ha propuesto el PSOE, se exige que la manifestación o declaración de la persona vaya acompañada de “pruebas”, aunque sólo sea una testifical. Por un lado, supone mantener la humillación y vulneración de la dignidad de las personas trans que llevan sufriendo desde su nacimiento. Se institucionaliza la falta de credibilidad hacia las personas trans: sólo se les da credibilidad si, por ejemplo, su “vecino” testifica que lo que manifiestan es cierto, sin que baste con ellas manifiesten su identidad de género. Por otro lado, pese a que daña la dignidad de las personas trans, realmente no añade nada. La prueba de testigos es tan fácil de conseguir como poco fiable. Por tanto, estas exigencias de “prueba”, no están justificadas y son dañinas, por mucho que haya países como Francia o Luxemburgo en los que exigen esos requisitos adicionales que sólo pueden ser calificados como ocurrencias dañinas, basadas en la desconfianza o en la ignorancia. Existen otros mecanismos que permiten que se pueda confiar en las inscripciones, sin que supongan restar credibilidad a las personas trans.

Asimismo, rechazamos la exigencia de tiempos de espera, que igualmente suponen institucionalizar la falta de credibilidad hacia las personas trans, y hasta una presunción de falsedad contra las mismas. Es similar a la exigencia del “experiencia de vida real” que se ha demostrado contraria a los derechos de las personas trans, tal y como ha advertido el Consejo de Europa en 2015 y la Comisión Europea en 2020. En ese sentido, rechazamos el requisito adicional de tiempos de espera previsto en la legislación danesa o belga, que parece que el PSOE también propone incorporar.

Por todo ello, instamos al Partido Socialista Obrero Español:

1. A que reconsidere su posición, proponiendo modelos que sigan lo indicado por el Consejo de Europa: reconocimiento de la identidad de género, en base a la autodeterminación, a todas las personas independientemente de su edad, y sin exigencia de requisitos adicionales que no aportan certeza o seguridad alguna, pero que sí generan daño a las personas trans. Es decir, que no retroceda respecto a lo que propuso en el Congreso de los Diputados en 2017 y confirmó en 2019 en la Comisión de Justicia del Congreso.

2. A que deje de hacer propuestas que se basan en lo peor que ha ido encontrando en otros países, y que actualmente ofrecen un marco legal mucho peor que el que existe en España. Le recordamos que en nuestro país, 14 de las 17 Comunidades Autónomas ya tienen un modelo despatologizante y que reconoce el derecho a la identidad de género; que en nuestro país, desde 2018 es posible los cambios de nombre de las personas trans, incluso en edades tempranas; y que n España, desde 2019 es posible la rectificación del sexo registral en menores, después de que el Tribunal Constitucional se pronunciara sobre un menor de 12 años.

3. No es el momento de retroceder, sino el de avanzar en derechos. Igual que en 2005 el PSOE optó por una posición valiente a favor de la igualdad real de las personas con el matrimonio igualitario, este es el momento de situar a España a la vanguardia de los derechos de las personas trans, tomando como modelo los países que son referencia, como Argentina, Malta o Noruega, en los que se reconoce la identidad de género a todas las personas con independencia de su edad, y sin exigencia de requisitos adicionales innecesarios y dañinos como los que ha propuesto el PSOE, tomando como referencia lo más restrictivo de otros países.

En 2021 conmemoramos el 50 Aniversario de la Gran Redada del Pasaje Begoña de Torremolinos.

El Pasaje Begoña de Torremolinos es un lugar de Memoria Histórica y la Cuna de los Derechos y Libertades LGTBIQ+ según la declaración unánime del Congreso de los Diputados y del Parlamento de Andalucía. Durante los años 60 y comienzos de los 70, Torremolinos tenía prestigio mundial como destino turístico. Entre miles de personas anónimas, las principales estrellas de Hollywood, intelectuales, políticos, escritores, miembros de la realeza europea, jefes de estado y celebridades de todo el mundo caminaban por sus calles. El atractivo de Torremolinos no sólo eran sus playas y el glamour de sus hoteles, fiestas y clubes nocturnos, sino también su atmósfera de libertad, respeto a la diversidad y vanguardia.

A pesar de la represión que ejercía en España la dictadura de Franco, diversos factores como la entrada de divisas y el deseo de proyectar al mundo una imagen de modernidad, hicieron posible que Torremolinos alcanzara fama internacional como destino turístico durante la década de los 60, no sólo a nivel general, sino también para el colectivo LGBTI de la época. Torremolinos -que en aquel entonces era un barrio de Málaga- pasó a convertirse por méritos propios en la cuna de la convivencia LGBTI. El Pasaje Begoña llegó a ser un referente absoluto de libertad y respeto a la diversidad. De hecho, en el entorno del Pasaje Begoña comenzaron a abrirse los primeros locales de ambiente homosexual de todo el país, donde acudían turistas de todo el mundo para disfrutar sin miedo de su orientación sexual. La historia del Pasaje Begoña empieza en los últimos meses de 1962, cuando comienzan a abrirse los primeros locales de toda España frecuentados por personas LGTBIQ+.

En poco tiempo, el Pasaje Begoña se convirtió en el referente absoluto de libertad y respeto a la diversidad afectivo sexual. Fue uno de los mayores exponentes de la vida nocturna de Torremolinos y de toda la Costa del Sol. Personas anónimas de toda condición y clase social hacían de este emblemático lugar un espacio de convivencia y libertad inédito en aquella época. Eran auténticos héroes, personas valientes que acudían allí para visibilizarse a pesar de la atmósfera de represión y de las posibles represalias.

Fue tal la fama nacional e internacional que adquirió el Pasaje Begoña que allí era frecuente ver a personalidades de toda índole, identidad de género y orientación sexual paseando y conviviendo con respeto en diversidad Testigos y supervivientes de aquella época dorada de Torremolinos y su famoso Pasaje Begoña, afirman rotundamente que no existía en el mundo un lugar tan maravilloso y diverso, en especial para el colectivo LGBTIQ+, como el Pasaje Begoña de Torremolinos, una auténtica “isla de libertad”.

La “gran redada” del Pasaje Begoña:

El 24 de junio de 1971, la policía del régimen franquista realizó una incursión brutal en el Pasaje Begoña de Torremolinos y las áreas circundantes. Aquel lamentable acontecimiento, conocido como la “gran redada”, fue ordenada por el entonces Gobernador Civil de Málaga, Víctor Arroyo. Se identificó a más de 300 personas. Según las fuentes consultadas, 114 de ellas fueron arrestadas por el único delito de ser consideradas legalmente “peligrosos sociales”. Algunas de ellas fueron encarceladas, las personas extranjeras fueron deportadas. Fue un acto desproporcionado por la brutalidad ejercida y las fatales consecuencias para este lugar y para el colectivo LGTBIQ+ que tanto luchó por visibilizarse, El delito que habían cometido era “atentar contra la moral y las buenas costumbres”, ya que la Ley de Peligrosidad y Rehabilitación Social -vigente en aquella época- consideraba delito la homosexualidad y castigaba a las personas “disidentes sexuales” con graves represalias, incluso con pena de prisión.

A todas las personas identificadas en la gran redada les fue abierto un expediente policial y se les amenazó con estar “bajo vigilancia de las autoridades”. Esto suponía consecuencias aún peores en caso de ser detenidas de nuevo porque ya serían “reincidentes” y con antecedentes penales por “conducta inapropiada”.

¿Qué consecuencias tuvo la “gran redada”? Como resultado de esta redada, las personas LGTBI durante algún tiempo tuvieron que volver a esconderse bajo las sombras de aquella época gris. Muchos de los locales del Pasaje Begoña y alrededores, fueron multados y clausurados. La mayoría de ellos quedaron incluso cerrados para siempre. Esta incursión cruel tuvo un gran impacto en la prensa internacional por la brutalidad empleada. Muchas personas aseguran que Torremolinos nunca volvió a ser el mismo lugar; aquella gran redada marcó el inicio de la decadencia de este municipio como destino turístico durante un largo período de tiempo.

La Diversidad de la Orientación, la Identidad y la Corporalidad en el mundo.

Desde las primeras iniciativas alemanas de la segunda mitad del siglo XIX en favor de los hombres que mantenía relaciones sexuales y afectivas con hombres (que provocó, entre otras cuestiones, la creación del término homosexual para sustituir el de sodomita) hasta la actualidad los avances no han sido ni sostenidos ni homogéneos.

Ha habido periodos de avances en determinados territorios, sucedidos de periodos de retrocesos, a veces impulsados desde el campo clínico y otra veces desde el ámbito activista, que llega hasta hoy.

Según el Informe de la ILGA para 2020, “actualmente hay 67 Estados Miembros de Naciones Unidas con disposiciones que penalizan los actos sexuales consensuales entre personas adultas del mismo sexo, y otros dos Estados Miembros de Naciones Unidas tienen una criminalización de facto”.

“Además,” continúa la Internacional LGTBIQ+, “hay una jurisdicción no independiente donde esta penalización sigue vigente (Islas Cook). Entre los países que penalizan, tenemos la plena seguridad jurídica de que la pena de muerte es el castigo prescrito legalmente para los actos sexuales consensuales entre personas adultas del mismo sexo en seis Estados Miembros de Naciones Unidas, a saber: Arabia Saudita, Brunei, Irán, Mauritania, Nigeria (sólo 12 Estados del Norte) y Yemen. También hay otros cinco Estados Miembros de Naciones Unidas en los que ciertas fuentes indican que podría potencialmente imponerse la pena de muerte por actos sexuales consensuales entre personas adultas del mismo sexo, pero en los que hay menos certeza jurídica al respecto. Estos países son: Afganistán, Emiratos Árabes Unidos, Pakistán, Qatar, Somalia (incluida Somalilandia).”

Pero en aquellos donde hay avances significativos, también se producen situaciones ambiguas o contradictorias.

A esta situación se une la agenda neoconservadora de organizaciones cristianas, musulmanas y judías que están promoviendo con ingentes recursos económicos una involución de los derechos humanos allí donde hay una mayoría social conservadora, como en países de Centroamérica, Polonia, Hungría, Rusia o Irán.

Las organizaciones convocantes no podemos conformarnos con trabajar en nuestro ámbito local (autonómico en nuestro caso) confiados en que los avances conseguidos en nuestra Comunidad Autónoma o país, nos resguarda de esa ola ultraconservadora.

Al contrario, todos nuestros avances están en peligro si no somos capaces de que los derechos LGTBIQ+ sigan extendiéndose por todo el mundo.

Por todo ello, exigimos:

Fortalecer la International Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and Intersex Association (ILGA) como instrumento de las organizaciones LGTBIQ+.

Priorizar y/o condicionar las ayudas y donaciones internacionales de las administraciones públicas españolas (Estado, Comunidades Autónomas, Ayuntamiento y Diputaciones) al respeto a los derechos de las personas LGTBIQ+.

Garantizar el acceso al estatus de refugiado a las personas LGTBIQ+ de los países donde se persiguen a estas personas, tanto legal como socialmente.

Formar en esta materia al personal que instruyen los expedientes de solicitud, así como quienes deciden sobre los mismos.

Poner en marcha acciones públicas por parte del Estado y de la Junta de Andalucía para el empoderamiento de las personas LGTBIQ+ migrantes.

Las personas LGTBIQ+ en Andalucía de 2021.

No hay que olvidar que los derechos LGTBI son Derechos Humanos, y así lo reconoce la ONU. Por eso, cuestionar los derechos de gais, lesbianas, bisexuales, trans e intersex es situarse fuera del consenso fundamental de la democracia, que pasa por el respeto de los derechos humanos de toda su ciudadanía.

Ello exige al movimiento LGTBIQ+ un mayor esfuerzo de coordinación con aquellos y aquellas que luchan por los mismos, como los movimientos feministas, el de derechos humanos, el de las y los trabajadores, etc. Asociaciones de mujeres, de inmigrantes o sindicatos, entre otros, son aliados fundamentales de nuestra causa y a la vez, debemos ser aliados fundamentales de las causas que estas representan.

Desde 2019 el riesgo de la involución de derechos es patente, desde que el Gobierno de las derechas de nuestra Comunidad Autónoma necesita a un partido reaccionario y LGTBIfóbico como Vox para su mayoría parlamentaria. Las organizaciones convocantes del Orgullo LGTBIQ+ Andalucía no podemos dejar de denunciar la imposición de una agenda pública contra la diversidad afectivo-sexual, de género y corporal con un modelo anclado en el pasado franquista de nuestra historia, que cercena el concepto de familia restringiéndolo a fórmulas religiosas, pretendiendo impedir el acceso a la información y la formación de la salud sexual y reproductiva y, en definitiva, busca eliminar la diversidad social, regresando a una sociedad coercitiva, totalitaria y contraria a los derechos humanos.

Por ello, exigimos a las fuerzas democráticas rechazar la influencia de estas formaciones políticas reaccionarias, defendiendo la diversidad como un valor en sí de la democracia y los derechos humanos.

El cumplimiento de las leyes autonómicas

El gobierno de la Junta de Andalucía salido de las urnas tras el 2 de diciembre de 2018, debe comprometerse en el desarrollo y aplicación de Ley 2/2014, de 8 de julio, integral para la no discriminación por motivos de identidad de género y reconocimiento de los derechos de las personas transexuales de Andalucía, así como la Ley 8/2017, de 28 de diciembre, para garantizar los derechos, la igualdad de trato y no discriminación de las personas LGTBI y sus familiares en Andalucía.

Especialmente importante es la puesta en marcha efectiva del Consejo Andaluz LGTBI, que aún no ha superado el larguísimo trámite de constitución, y que ha impedido que Administración y organizaciones LGTBIQ+ hayan podido impulsar una agenda andaluza en la materia, provocándose situaciones como la del Proyecto de Ley de Infancia y Adolescencia de Andalucía, presentado por el Gobierno al Parlamento andaluz, el cual no hace mención a lxs menores intersex.

Mujeres lesbianas, bisexuales, trans e intersex

Aún en pleno Siglo XXI es necesario reivindicar la visibilidad de las mujeres lesbianas y bisexuales, que tras siglos de invisibilización, siguen con estos derechos y libertades menguados a causa de la cultura patriarcal y machista heredada. De las mujeres trans, que no son mujeres atrapadas en cuerpos de hombre, sino mujeres atrapadas en una sociedad que niega su identidad de género. De las mujeres intersex, que como Caster Semenya, se les intenta arrebatar su cuerpo.

En la actualidad, las mujeres lesbianas y bisexuales, siguen permaneciendo invisibilizadas, y disponemos de pocos referentes en la producción cultural, gráfica, musical, literaria, política, periodística, televisiva o en cualquier otro medio de comunicación, cuyas consecuencias llevan a miles de mujeres a sentirse “diferentes”, “raras”, excluidas, habitantes de la frontera con la normalidad. Es imprescindible para la mirada de cientos de miles de mujeres que se relacionan con mujeres que estos referentes se visibilicen, que las ayuden a normalizar la existencia de la identidad lésbica, así como hacer visible la cotidianidad de nuestras relaciones.

Todas conocemos mujeres mayores lesbianas o bisexuales que han vivido su identidad desde el silencio, la vergüenza o el miedo en una sociedad profundamente lesbófoba. El impacto negativo sobre su persona y sus vidas ha sido durísimo: sufrimiento y soledad, imposibilidad de proyectar una vida en pareja de manera satisfactoria, enormemente presionadas por un entorno muy hostil a las relaciones entre mujeres.

Durante la dictadura franquista, las mujeres transexuales fueron perseguidas y encarceladas según dictaba la Ley sobre Peligrosidad y Rehabilitación social, pero las mujeres lesbianas fueron completamente invisibilizadas, trasladadas y encerradas en centros psiquiátricos, fueron analizadas y tratadas como enfermas.  Las pocas que se atrevieron a salir de los armarios fueron tratadas con dureza, discriminadas y humilladas públicamente. “Desviadas” fue el calificativo más suave.

En la actualidad, las mujeres lesbianas siguen siendo objeto de discriminación por parte de la administración para acceder a determinados servicios sociales, como residencias de la tercera edad, donde, en ocasiones han de volver a invisibilizarse por falta de apoyo institucional. Y aquellas que nunca pudieron visibilizarse, continúan a día de hoy sufriendo la soledad y el silencio. Esto les supone una enorme barrera que les dificulta las relaciones familiares o de amistad, tan necesarias en la última etapa de nuestras vidas.

Es, sobre todo en las zonas rurales, donde el impacto de la invisibilidad es más grande, por ello apelamos a todas las mujeres con proyección pública a que se visibilicen, con ello están dando la oportunidad a miles de mujeres de verse a sí mismas con la mirada de la cotidianidad, con la certeza de la igualdad, con la ilusión de sentirse dignas de su derecho a una vida plena:  la posibilidad de empoderamiento en un mundo que aún aplasta sus identidades.

Reivindicando la Visibilidad podemos entre todas seguir avanzando en derechos, ya que lo que no se nombra no existe, sin visibilidad las instituciones seguirán ignorando sus reivindicaciones más básicas.

Las mujeres bisexuales reclaman una mayor visibilidad, como herramienta imprescindible para luchar contra la doble discriminación que sufrimos por ser mujeres y por ser bisexuales. Un ejemplo de esto es la discriminación que vivimos en el área de la salud ya que no se reconoce su orientación sexual y no existen protocolos ginecológicos específicos para ellas. La bifobia y el machismo siempre van de la mano por lo que reivindicamos romper con las diferencias de género para terminar con su invisibilidad en tantos ámbitos de sus vidas.

En las mujeres lesbianas es la discriminación en los derechos sexuales y reproductivos.

Existe aún una falta de protocolos específicos en ginecología para la atención sanitaria de las mujeres que tienen sexo con mujeres, ya sean cis o trans. Falta de información y campañas de prevención o políticas de salud sexual, sobre todo en cuanto a las infecciones de transmisión sexual (ITS) en mujeres que mantienen relaciones sexuales con otras mujeres.  Existe, así mismo, desconocimiento sobre la realidad trans en los centros sanitarios, lo que dificulta la realidad de las mujeres trans lesbianas.

Se da también la imposibilidad a las mujeres lesbianas de acceso a las técnicas de reproducción asistida en la sanidad pública.  Este derecho se perdió en 2013 con el gobierno del PP y Ana Mato a la cabeza del Ministerio de Sanidad, que excluyó a las mujeres lesbianas y solas de la reproducción asistida en la Sanidad Pública, alegando que “la falta de varón no es un problema médico”. Aunque algunas comunidades autónomas como Andalucía, decidieron no aplicar esta medida discriminatoria, miles de mujeres han tenido que lidiar con las consecuencias:  desembolsos de grandes cantidades de dinero en clínicas privadas, tratamientos interrumpidos, litigios en los tribunales y un largo etcétera.

El actual gobierno del PSOE adquirió el compromiso de dar cobertura a las mujeres solas y con pareja mujer, pero a día de hoy esto no se ha materializado, llegando incluso a tirar por tierra todo el trabajo realizado para la aprobación de una Ley de Igualdad que se ha quedado paralizada tras la convocatoria de elecciones, trabajo que aún no se ha reiniciado a pesar de haber transcurrido casi media legislatura.

Otras de las discriminaciones hacia las mujeres con pareja mujer, es que tienen necesariamente que estar casadas antes de que nazcan sus bebés para poder inscribirlos en el registro civil, a diferencia de las parejas heterosexuales. Además, deben hacerlo de forma presencial, y se debe acudir con el libro de familia.  Las parejas de mujeres no casadas no pueden inscribir conjuntamente a su bebé, la no gestante debe iniciar un proceso de adopción de su propio hijo, algo que no ocurre en las parejas heterosexuales. En nuestra sociedad sigue primando un modelo de familia tradicional que deja fuera las necesidades de muchas mujeres que han optado por una vida familiar compuesta por dos mujeres, saliéndose así de los cánones establecidos.  

Otro de los aspectos relacionados con la necesidad de la visibilidad, es la discriminación laboral. Las mujeres lesbianas, que ya sufren la discriminación por ser mujeres en nuestros entornos laborales, son castigadas además por su orientación sexual.  Los techos de cristal se duplican, la brecha salarial es aún más sangrante.

El 11 de enero de 2019, se aprobó la Orden PCI/6/2019, de 11 de enero, por la que se prohibe a las mujeres intersex realizar las pruebas de acceso al Ejército y la Guardia Civil. Una orden interfóbica, machista y clasista que supone un retroceso para los derechos de las mujeres intersex, tratándolas como mujeres enfermas. Las mujeres intersex no son mujeres enfermas; es la sociedad la que está enferma de interfobia y de machismo.

Es por ello que, más que nunca, tenemos la responsabilidad de hacernos visibles, de romper de una vez por todas con todos aquellos prejuicios que han provocado tanto dolor y tantas limitaciones, tantas barreras, tantos obstáculos para poder vivir vuestras vidas en libertad y con una posibilidad plena de desarrollo.

Necesitamos referentes, mujeres que se pronuncien, lesbianas, bisexuales, como nosotras, con nombre propio, con una historia. Tenemos que ser cotidianidad en las calles, personajes públicos, porque tenemos derecho a vivirnos en todos nuestros ámbitos sin tener que renunciar a nuestra identidad, porque nuestras vidas no van por fascículos en los que podamos separar lo que somos y lo que sentimos dependiendo del trabajo que tengamos, del partido político que gobierne o de la cara que ponga la persona que tengamos delante, para decidir si le damos o no un beso a nuestra pareja.

Familias homoparentales.

En el 2005 entró en vigor la Ley del Matrimonio Igualitario, y pudiera parecer que las familias homoparentales tenían los mismos derechos y la misma protección que el resto de unidades familiares del país.

Sin embargo, las familias LGTBI y las entidades que las representan, han constatado que sus derechos legales no se han traducido en derechos reales, y que quienes más se pueden sentir afectados no son las madres y padres, que también, si no sus hijas e hijos.

Las familias homoparentales siguen sintiendo la LGTBIfobia sorda que nos acompaña, sobre todo desde que sus hijas e hijos se incorporan a sus hogares. La realidad cotidiana de estas familias, indica que cuando se intentan reivindicar los mismos derechos y las mismas oportunidades que tiene el resto de la población comienzan los problemas.

A pesar que en Andalucía contamos desde diciembre del 2017 con una Ley que, por primera vez en el territorio nacional, define, contempla y protege a las familias homoparentales, los derechos legales aún no se han traducido en derechos reales en la vida cotidiana.

Por ello denunciamos que las familias homoparentales son objeto de discriminación y LGTBifobia y exigimos:

Acceso universal a las técnicas de reproducción asistida en la sanidad pública por parte de mujeres lesbianas, actualmente vetado por el Gobierno de la nación. Las comunidades autónomas han ido abriendo esta posibilidad, pero no es global para todo el territorio nacional.

La modificación de la Ley de técnicas de reproducción asistida para que suprima la obligación de las parejas de mujeres para acceder a la filiación de sus hijas e hijos.

Las parejas de hecho integradas por dos mujeres tienen necesariamente que estar casadas para inscribir a sus hijas e hijos en el Registro Civil, cosa que no ocurre con las parejas de hecho heterosexuales, por lo que exigimos que se modifique la actual legislación y/o las instrucciones del Gobierno de la nación en relación a este tema para asegurar la igualdad afectiva también en esta materia.

Acabar con la invisibilidad de las familias homoparentales en el sistema educativo, por lo que exigimos a la Junta de Andalucía la inclusión de medidas para conseguir esta visibilidad.

Que se acabe con la no adecuación de los formularios oficiales a la realidad homoparental por lo que exigimos a las administraciones públicas su adecuación.

Que deje de ponerse en duda la capacidad de los hombres gais o bisexuales para afrontar la crianza de sus hijas o hijos; perjudicial para los hombres y también para las mujeres, ya que las sigue relegando el papel exclusivo del cuidado y la crianza en los hogares.

Superar la situación de desigualdad que afrontan las parejas de mujeres lesbianas o bisexuales por el hecho de que como mujeres tienen sueldos inferiores a los hombres, por lo que exigimos el fin de la brecha salarial y la eliminación del techo de cristal.

Eliminar la violencia y el acoso escolar a las hijas e hijos de personas LGTBI, por lo que pedimos el apoyo y el compromiso de la Comunidad Educativa para luchar contra esta lacra.

Terminar con la presión social para ser familias perfectas.

Eliminar la limitación a la libertad de movimientos en el espacio europeo, donde no son reconocida las realidades familiares diversas, por lo que exigimos al Gobierno de la nación para que defienda ante las instituciones europeas el pleno reconocimiento de las familias homoparentales en toda la Unión Europea.

Que se eliminen las diferencias de trato en los procesos de adopción y acogimiento.

Personas LGTBIQ+ gitanas.

Históricamente, la población gitana andaluza ha sufrido unos niveles intolerables de discriminación, que se agudizó durante la dictadura franquista, y que llega hasta hoy. Los prejuicios hacia las personas romaníes se extiende hacia las personas LGTBIQ+ gitanas, incluso en el seno del movimiento, que agravan sus vivencias e impiden el ejercicio de sus derechos a vivir su diversidad en la orientación, la identidad y la corporalidad.

Y es que la romafobia y el antigitanismo invisibiliza a las personas disidentes romanís, las sume en un ambiente de mayor intolerancia tanto en la sociedad mayoritaria como en el seno de las propias comunidades romaníes perpetuando la discriminación múltiple que sufren.

Por eso, manifestamos nuestro rechazo del antigitanismo y defendemos la necesidad de agendas políticas propias que garanticen el ejercicio de sus derechos como una parte esencial del movimiento LGTBIQ+ andaluz.

Es necesario, además, que desde las Administraciones Públicas se incluya la perspectiva de la diversidad de la orientación, la identidad y la corporalidad en las políticas en favor de la población romaní.

Salud Sexual.

En estos días de celebración y reivindicación, el colectivo LGTBI alzamos la voz para que se oiga alto y claro la necesidad de que se aborde la salud sexual de una manera integral y sin prejuicios. El acceso a nuevas estrategias de prevención frente al VIH, de demostrada eficacia, como es el caso de la profilaxis pre exposición, es prioritaria y no admite bajo ningún concepto más retrasos.

De igual forma acceder de forma ágil al diagnóstico y tratamiento de infecciones de transmisión sexual, extender la vacunación frente a virus del papiloma y hepatitis  a todas las poblaciones LGTBIQ+, realización de cribados rectales y vaginales con unidades especializadas en el sistema público de salud, incluir la educación sobre salud sexual del colectivo en todas las acciones educativas de nuestros jóvenes y asegurar que el colectivo trans acceda de forma efectiva rápida y gratuita a las necesidades específicas que presentan para tener igualdad en el acceso a una salud plena, son reivindicaciones que no admiten demora y que exigen de los poderes públicos una actuación decidida y eficaz.

Pero la crisis sanitaria que estamos viviendo en la actualidad supone un fuerte condicionante en nuestros Sistemas Autonómicos de Salud ya fuertemente estresados por los recortes sufridos en los últimos años. Este momento histórico está dando lugar a fuertes deficiencias en la atención sanitaria de las personas con el VIH y, en general, en cualquier medio existente para atender la salud sexual de la población. Desde hace más de un año, diferentes situaciones como el cierre de centros monográficos de ITS, la dificultad de acceso a la atención primaria, la reorganización de personal en las unidades de infecciosas de los hospitales o el cierre de las ONG dedicadas a la salud sexual han puesto de manifiesto que para el sistema actual la salud sexual no es una prioridad. Estas situaciones limitan el acceso a la prevención y el diagnóstico del VIH y otras ITS, a la vez que merman la capacidad de atención sanitaria a las personas con el VIH. Además, el impacto del COVID-19 ha supuesto la paralización de la puesta en marcha o la dispensación de estrategias preventivas recientemente aprobadas como la Profilaxis Pre-exposición bajo el pretexto de la falta de personal disponible.

Esta situación es especialmente llamativa en Andalucía, donde además de tener grandes listas de espera en los hospitales para acceder a la PrEP, se está llevando a cabo una política opuesta a todas las directrices de ONUSIDA y la OMS en materia de salud sexual como es el cierre del centro de ITS de Sevilla.

Sin duda alguna, esto va a suponer un incremento en las ya inaceptables tasas de infecciones de transmisión sexual y de diagnóstico tardío de VIH cronificadas en nuestro país y especialmente en Andalucía.

Por último, la modificación en la concepción de la salud sexual, reivindicando además de la prevención de ITS; la promoción de hábitos sexuales saludables y satisfactorios, desligados de las concesiones cisheterocentristas y coitocentristas de las mismas.

Por eso no es de recibo la decisión de la Consejería de Salud y Familias de desmantelar los Centros Provinciales de ITS como el de Sevilla, donde se presta una atención integral y eficiente.

Las entidades convocantes exigimos la inmediata anulación de los planes de cierre de los Centros Provinciales de ITS y su potenciación mediante la contratación de más personal para los mismos.

Memoria LGTBIQ+.

La vivencia histórica de la homosexualidad, la bisexualidad y y las identidades trans ha sido muy compleja en nuestra cultura occidental. Desde las actitudes más permisivas durante el imperio romano hasta la puesta en marcha de “terapias” reparadoras que significaban la detención arbitraria, la tortura y la marginación de la Ley de Peligrosidad y Rehabilitación Social, pasando por la persecución, incautación y asesinato puesta en marcha por los Reyes Católicos, lo cierto es que las personas LGTBIQ+ hemos tenido que soportar la discriminación, el hostigamiento y las vejaciones tanto físicas como psicológicas, las violaciones, la persecución social, etcétera.

Por ello, poner en valor la memoria LGTBIQ+ es poner en valor la vida de muchas personas que tuvieron que sobrevivir en un tiempo hostil y que nunca se vieron reconocidos en los libros de historia. Es necesario mantener viva la memoria LGTBI de la resistencia, y patrimonializar los espacios de libertad, como lo fue el Pasaje Begoña.

También es necesaria la puesta en marcha del Centro de Documentación LGTBI previsto en la Ley 8/2017, de 28 de diciembre, así como trabajar día a día para la formación de las personas jóvenes que, en definitiva, tomarán el testigo generacional, para seguir defendiendo los valores democráticos de libertad, igualdad y respeto a la diversidad. Porque la memoria LGTBIQ+ nos recuerda que los derechos nunca son regalados, que son conquistas por las que es preciso luchar permanentemente.

Delitos de Odio.

Andalucía fue el año pasado la tercera comunidad autónoma española con más delitos de odio y las personas LGTBIQ+ están entre los colectivos que más sufrieron estos ataques. Muchas de las víctimas no denuncian porque tienen miedo a las represalias que puedan sufrir, porque no confían en las instituciones, porque no conocen sus derechos, o porque, por sus circunstancias personales, no pueden hacer visible su orientación o su identidad sexual. Al no denunciar, esas víctimas quedan en una situación de total indefensión. 

El discurso del odio hacia las personas LGTBIQ+ que se extiende en las redes, actúa como un llamamiento que precede el acto de agresión, con independencia de la gravedad de cada mensaje, supone una amenaza a la seguridad de muchas personas que se ven, deshumanizadas, humilladas y estigmatizadas por el simple motivo de no adaptarse a la cisheteronormatividad imperante en nuestra sociedad.

Ante esto es necesario la implementación de la Ley de Igualdad LGTBI de Andalucía, con el fin de que se adopten las medidas oportunas para luchar contra la discriminación y el odio hacia las personas lesbianas, gais, trans, bisexuales e intersexuales.

Las personas intersexuales.

La realidad de las personas intersexuales, aunque poco conocidas, han sido realmente dramáticas. Han sufrido y siguen sufriendo el rechazo social por motivo de sus características sexuales que se encuentran fuera de la concepción binaria del sexo, lo que da como resultado los innumerables problemas que padecen en los ámbitos educativos, sanitarios, laborales y sociales.

Como ha puesto en relieve la Resolución del Parlamento Europeo de 14 de febrero del 2019, son muy numerosos los testimonios de sufrimiento en las personas sometidas a técnicas quirúrgicas no solicitadas, que frustraron sus expectativas en edad adolescente o adulta.

El mayor problema que enfrentan las personas intersexuales son las mutilaciones y castraciones químicas que sufren, por poseer características sexuales que no entran dentro de los dos sexos binarios: masculino y femenino.

Las mutilaciones van desde la extirpación de gónadas que presentan tenido tanto femenino como masculino, las extirpaciones genitales externos, el aumento del diámetro del canal vagina, el suministro de hormonas, etc. Las justificaciones que usan los profesionales sanitarios para realizar esta serie de intervenciones son: “un clítoris más grande de la norma puede avergonzar a su futura pareja, hombre cisheterosexual”, “un pene que por pequeño no pueda penetrar, no es útil”, o “un canal vaginal no penetrable no va a ser fruto de deseo de su futura pareja, hombre cisheterosexual”.

La finalidad de las mutilaciones es hacer que la persona encaje, desde el nacimiento, en una de las dos categorías binarias: hombre o mujer. Mutilaciones que pueden producirse desde el momento del nacimiento de un bebé cuyos genitales externos no entren dentro de ese binarismo, en la infancia, la adolescencia o incluso en la adultez.

Mutilaciones que no terminan en un quirófano, sino que se extienden a que la persona requiera recibir más intervenciones en un futuro.

Algunas de las secuelas físicas son: perdidas de sensibilidad, pérdida de placer sexual y molestias en la zona genital y de la intervención Son algunos de los ejemplos que violan los derechos humanos de los menores, y la mayoría con efectos irreversibles y que constituyen un atentado contra los derechos humanos como señala Juan Méndez en el Informe del Relator Especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos y degradantes de la ONU (2013). 

Además, estas intervenciones clínicas, en edades infantiles y juveniles, provoca, en muchas de las personas intersexuales, reiteradas ausencias escolares que lastran su formación y al final, en menores oportunidades laborales y más dificultades debido a baja autoestima y otras consecuencias derivadas de esta situación.

Sorprende que el proyecto de Ley de Infancia y Adolescencia de Andalucía, aprobado por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía y cuyo trámite parlamentario comenzó en 2020, no se incluyera ninguna cláusula de salvaguardia para niñxs y jóvenes intersex, de forma que está siendo durante su debate en el Parlamento de Andalucía donde se está estudiando su inclusión.

Por todo ello, las entidades convocantes de la manifestación del Orgullo LGTBIQ+ Andalucía:

En línea con lo manifestado por el Parlamento Europeo, rechazan firmemente los tratamientos y las intervenciones quirúrgicas realizadas a personas intersex, y exigimos la prohibición legal de las intervenciones quirúrgicas, tal y como se recoge en países como Malta y Portugal, considerándolas crímenes de lesa humanidad.

Exigimos a los Grupos Parlamentarios Andaluces la inclusión de enmiendas al Proyecto de Ley de Infancia y Adolescencia de Andalucía para prohibir las mutilaciones genitales intersex en bebés y menores así  como servicios hospitalarios y protocolos clínicos específicos para ellos.

Solicitamos a la Junta de Andalucía que proporcionen asesoramiento y apoyos adecuados a los niños, adolescentes y adultos intersexuales, así como a sus padres, madres y/o tutores, y mejora de los protocolos de atención a personas intersexuales y familiares, con información clara y detallada de los procedimientos médicos-quirúrgicos, así como de los efectos secundarios de los tratamientos médicos específicos para personas intersex.

Demandamos que, en el ámbito de sus competencias, la Junta de Andalucía evite la patologización de intersexuales, como se consagra en la Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos del Niño.

Exigimos la implementación de programas específicos de apoyo a las personas intersexuales, incluida la formación de los funcionarios públicos (educadores, sanitarios y asistentes sociales entre otros) 

Instamos a nuestros gobernantes a impulsar la investigación sobre y a incluir en las investigaciones biomédicas, códigos éticos que garanticen la inclusión de las necesidades reales y los objetivos de las personas intersexuales en dichas investigaciones.

Solicitamos canales de creación y mantenimiento de grupos de apoyo, a través de los que, las personas intersexuales y sus familiares, puedan crear redes de gestión psicosocial y nutrirse con el apoyo y las experiencias de las personas participantes.

Exigimos que las cuestiones que atañen a las personas intersexuales cuenten con la supervisión de dicha colectividad y no se acometan o diseñen protocolos o acciones en contra de necesidades reales.

Reivindicamos el derecho a la intimidad y la privacidad, evitando en todo memento una exposición gratuita e innecesaria de sus cuerpos y controlando que en las consultas e intervenciones tan sólo esté presente el personal estrictamente necesario. 

Reclamamos, incidiendo en los menores particularmente, que no se realicen pruebas innecesarias e invasivas con cualquier fin que no sea por estricta necesidad y voluntariedad de las personas intersexuales. 

Las personas trans.

Han pasado más de 40 años desde los primeros movimientos en Barcelona, Madrid, Bilbao y Sevilla, todos ellos liderados por mujeres trans. Las mismas mujeres que quedaron después relegadas a un segundo plano por miedo a que dieran mala imagen a una lucha que perdió su rumbo, una lucha que se olvidó de las personas que le habían dado la vida.

Hoy el colectivo trans está aquí desde la empatía, desde la unidad, desde la comunión real con el resto de letras del colectivo; hoy podemos decir con orgullo que nos sentimos parte del arcoíris. Y estamos aquí, pese a todo, tras todos estos años, porque la esperanza es el sueño de los despiertos, porque es la única fuerza capaz de convencerte de que un futuro mejor es posible.

En estos últimos años, desde una mal entendida visibilización, se ha perpetuado la estigmatización de las personas trans convirtiendo nuestra realidad en un espectáculo, siempre desde la mirada de personas cis, porque, no importa cuántos años pasen, nuestra voz, nuestro discurso sigue sin ser creíble.Es más, en los últimos meses incluso asistimos impotentes y con incredulidad a la repetición en cascada del discurso de la calle, ese discurso de la ignorancia disfrazada de verdades absolutas e indiscutibles, que se obstinan en señalar a las personas trans como delincuentes o como personas perversas per se.

La realidad trans no se aborda si no es desde el dolor y la marginalidad o desde el lado más kitsch de la farándula. Este empeño en tutelarnos, este convertirnos en una realidad más “asumible” no hace más que perpetuar una historia de negación, un modelo de segregación, condenando al ostracismo a todas aquellas personas que no nos ajustamos a ese modelo tolerable para la sociedad cisnormativa. Nuestra realidad es muy distinta a ese modelo que nos venden las series y las películas, somos niñes, jóvenes, hombres, mujeres, personas no binarias… Somos la persona que se sienta a tu lado en clase, la que te cobra en la caja del supermercado, tu profe o ese celador que te lleva en la camilla del hospital… personas con las que te cruzas a diario, personas de tu entorno familiar, de tu entorno social, personas como tú que merecemos vivir con los mismos derechos de los que tú ya disfrutas.

Las personas trans luchamos por nuestro derecho a existir, luchamos por disfrutar de los mismos derechos que tiene cualquier otra persona, por el respeto de nuestra realidad y por ser tratadas con dignidad.El derecho a la propia identidad ya está recogido en el Convenio Europeo de Derechos Humanos como un derecho básico  del individuo. La negación sistemática de nuestras identidades, de quienes somos, nos anula y nos excluye de la vida social.

Ya en 14 de las 17 autonomías contamos con leyes que nos protegen de la discriminación y regulan nuestros derechos, pero estas leyes en muchos sentidos se quedan sobre el papel; en la práctica, seguimos sufriendo un trato patologizante, un trato desigual. En Andalucía, con una Ley que fue pionera en España, los protocolos de atención sanitaria o educativa acaban olvidados en un cajón y aún no se han desarrollado protocolos de atención a mayores trans, ni estudios de envejecimiento activo. En nuestro día a día, nos encontramos con profesionales médicos que, ante el miedo que les provoca el desconocimiento, se niegan a atendernos y, aún a día de hoy, para muchas personas trans, algo tan sencillo como acudir al médico por un problema de salud básico se convierte en una lucha titánica.

En un país que se considera socialmente avanzado, no hay cabida para profesionales que siguen aplicando modelos de atención médica que quedaron obsoletos hace años. Los gobiernos autonómicos tienen la obligación de formar a sus profesionales para proporcionar una atención de calidad a toda la ciudadanía.

Es por ello que:

Pedimos al Gobierno Autonómico que asuma su obligación de garantizar que les mayores trans puedan recibir un trato digno, que asegure que podrán acudir al médico o solicitar los servicios de asistencia sin miedo a sufrir un trato vejatorio. Esto implica la elaboración de protocolos específicos de atención a personas mayores trans y la elaboración de estudios de envejecimiento activo en personas trans.

Exigimos que nadie dude de la identidad de género auto determinada,  sea cual sea la edad de la persona, porque nadie tiene la potestad de poner en duda la declaración de otra persona que se enfrenta, en un acto de supervivencia, a toda una sociedad para reclamar ser escuchada. El que hacemos las personas trans es un acto personalísimo, esencial y vital; es una cuestión de respeto en la que no caben plazos cuyo único objeto es hacer más cómoda la vida de las personas cis del entorno de esa persona trans. La identidad no es un capricho.

Exigimos una mirada de la sociedad libre de prejuicios cishteronormativos que deje de clasificar a las personas según un aspecto, una forma de vestir o de expresar el género.

Exigimos la formación de profesionales del ámbito educativo, sanitario, social y asistencial para atender adecuadamente a las personas trans, respetando nuestra identidad y atendiendo a la diversidad corporal, sin tutelas ni cuestionamientos; un modeloque responda a un acompañamiento real de las necesidades de cada persona, liberándose de prejuicios y de actuaciones sistemáticas que sólo persiguen perpetuar el modelo biomédico.

Exigimos una atención adecuada y digna a la salud sexual y reproductiva de las personas trans sin distinción de género.

Pedimos que se garantice el acceso al mundo laboral de las personas trans, un colectivo que alcanza unas cifras de paro de más del 80%,  mediante programas específicos de inserción y medidas de acción positiva.

Pedimos que en los centros educativos niñes y jóvenes trans encuentren su realidad reflejada con naturalidad en las diferentes asignaturas, en libros de texto, materiales, actividades complementarias, en definitiva, verse y ser vistos desde el respeto y sin que nadie tenga que ser objeto de etiquetas, burlas, abusos y odio en las aulas.

Exigimos que haya garantías de protección para que la identidad de les menores sea respetada en todos los entornos de su vida, incluido su propio entorno familiar y que ésta no sea utilizada como arma arrojadiza en conflictos entre las parejas donde siempre la más perjudicada es la persona menor. Que las Administraciones remuevan todo tipo de obstáculos para que las necesidades sociales y sanitarias de las personas menores trans no atendidas por su entorno familiar lo sean por las administraciones y su personal en cuanto sean detectadas.

EN DEFINITIVA, ¡¡¡¡PEDIMOS UNA LEY TRANS YA!!!!

PORQUE CADA MINUTO QUE PASA ES UN MINUTO MÁS DE DESAMPARO Y UN MINUTO MÁS EN EL QUE ESTA SOCIEDAD ESTÁ EN DEUDA CON NUESTRO COLECTIVO. Esta ley no va a cambiar la sociedad de la noche a la mañana y sabemos que habrá que seguir peleando para que la igualdad sea efectiva en todos los ámbitos pero garantizará derechos que aún a día de hoy, en el siglo XXI las personas trans no tenemos garantizados.

¡LEY TRANS YA!

Las personas LGTBIQ+ en el mundo laboral.

Un año más, el mundo del trabajo es, en términos generales, uno de los ámbitos hostil hacia las personas LGTBI, tanto en cuanto al acceso como durante la permanencia en el puesto de trabajo.

El rechazo real o percibido, lleva a muchas personas LGTBI a mantenerse en el “armario” laboral, hasta un tercio de las personas LGTBIQ+ españolas no son visibles en el ámbito laboral, según la encuesta de la Agencia de Derechos Fundamentales de la UE de 2019.

Esto obliga a muchas personas LGTBI no sólo a ocultar su orientación sexual, su identidad de género o su corporalidad, sino también a reprimir su expresión de género, de forma que se ajuste a la mayoría cisheterosexual.

Porque siguen existiendo centros de trabajo y empresas, tanto públicas como privadas, con una cultura muy tradicional, cisheteronormativa, machista y represora, que impide a las personas LGTBIQ+ mostrarse como tales. Por ello, la visibilidad debe seguir siendo una herramienta fundamental para avanzar también en el campo de la igualdad laboral.

En este sentido, exigimos a las empresas, a sus organizaciones empresariales, a los representantes sindicales y a sus sindicatos, así como a las autoridades laborales, que centren sus actuaciones en la promoción de la igualdad y la eliminación de discriminaciones directas e indirectas por orientación sexual, identidad y expresión de género, actuando en los centros de trabajo para combatir la LGTBIfobia y erradicar todo tipo de acoso y discriminación.

Asimismo, exigimos:

La implantación de protocolos de actuación sobre orientación sexual e identidad de género en los centros de trabajo.

Considerar en el ámbito laboral a la LGTBIfobia como riesgo psicosocial y con ello garantizar el establecimiento de actuaciones para prevenir el acoso laboral por identidad de género y orientación sexual.

Promover la igualdad y no discriminación en los procesos de selección, contratación, condiciones de trabajo, clasificación profesional, formación, promoción profesional y remuneración salarial.

En el marco del Diálogo Social, un compromiso de actuación e intervención, para el logro de políticas inclusivas y de no discriminación por razón de la diversidad efectivo-sexual, de género y corporal.

Las personas LGTBIQ+ en el mundo rural.

La vivencia de la homosexualidad, la bisexualidad, la asexualidad, la transexualidad y las intersexualidades viene condicionada tanto por factores personales como sociales. En aquellos ámbitos familiares y sociales más tradicionales, donde el cisheterosexismo es la orientación sexual e identidad de género excluyente, la vivencia de la diversidad sexual será más compleja y traumática. Allí donde sea más flexible, bien por referentes cercanos, bien por no existir un patrón cisheterosexista rígido, las personas LGTBIQ+ podrán asumir su diversidad sexual de una forma menos traumática.

Otro factor a tener en cuenta es el tamaño de los grupos donde se socializan las personas, ya que, en los grupos más pequeños, es más fácil y por lo tanto habitual el control de sus miembros, sobre todo en áreas tradicionalmente sensibles como es la sexualidad y las relaciones sexuales.

Por ello, podemos establecer que en las pequeñas y medianas poblaciones es, en términos generales, más complicada la vivencia de las orientaciones sexuales no heterosexuales, los géneros no binarios, las vivencias trans y las intersexualidades. La ausencia de referentes, o la existencia de referentes no aceptados socialmente, el mayor control social vivido y sentido, etcétera.

Muchas veces obligan a las personas LGTBIQ+ a ocultar en mayor medida su orientación sexual y/o identidad y expresión de género que, en las grandes ciudades, así como a emigrar a localidades más grandes y alejadas.

Pero también es cierto que, por casi las mismas razones, la red social de las personas LGTBIQ+ que viven en esos entornos menos poblados, es más firme y extensa que en los entornos más poblados, lo que puede provocar que en determinadas ocasiones se conviertan en un elemento positivo.

El pleno desarrollo de la orientación sexual y/o la identidad de género no sólo son derechos protegidos constitucionalmente, sino que además favorece la diversidad, que es un factor fundamental de desarrollo y riqueza.

Por todo ello, exigimos:

A las administraciones públicas, especialmente autonómicas y locales, que diseñen e implementen estrategias a favor del pleno desarrollo de las personas LGTBIQ+ en entornos rurales, así como el apoyo a las entidades y organizaciones que los representan.

A la administración educativa de la Junta de Andalucía una especial atención al alumnado LGTBIQ+ de las zonas rurales, a través de programas de formación e información del profesorado, y de lucha contra el bullying LGTBIQfóbico.

Las personas mayores LGTBIQ+.

En la actualidad, están llegando a la tercera edad las generaciones de hombres y mujeres homosexuales, bisexuales y trans más visibles de la historia de nuestro país.

En un número importante de casos, el rechazo de muchas familias hacia la homosexualidad y/o la transexualidad, suponía en los años cuarenta, cincuenta, sesenta y setenta, el abandono temprano de las aulas, con la consiguiente baja formación, o la expulsión de sus hogares, lo que se traducía en la inevitable dedicación a trabajos marginales o directamente a la prostitución.

Estas personas además fueron víctimas de la Ley de Vagos y Maleantes y de la Ley de Peligrosidad y Rehabilitación Social, que supuso un mazazo para sus vidas profesionales, ya que la detención e internamiento en prisión, la mayoría de las veces por la simple sospecha de homosexualidad, suponía la existencia de antecedentes penales y su expulsión del mercado laboral.

Todo ello ha supuesto que al llegar a la jubilación accedan a pensiones contributivas muy bajas o directamente a tener que acceder a pensiones no contributivas.

Pero incluso la mayoría de aquellas personas mayores homosexuales y trans que no llegaron a verse ni expulsadas de sus hogares ni fueron víctimas de la Ley de Vagos y Maleantes o la Ley de Peligrosidad y Rehabilitación Social, se encuentran en una situación muy delicada, ya que al tener que ingresar en centros de mayores (centros de día o en residencias de mayores) se ven forzadas a volver al armario, para no sufrir discriminación y rechazo por parte de las direcciones de los centros, personal y/o los usuarios de los mismos.

Por ello, hay que potenciar las redes de solidaridad entre mayores y jóvenes LGTBIQ+, y ahí las organizaciones tenemos una importante responsabilidad para facilitar su creación.

Pero, sobre todo, la Junta de Andalucía, debe implementar lo antes posible el artículo 21 de la Ley 8/2017, que prevé garantizarán tanto en los centros residenciales y los centros de día para personas mayores, tanto públicos como privados, así como los centros de participación activa, el derecho a la no discriminación de personas LGTBI, ya sea tanto en su individualidad como en su relación sentimental.

Por eso exigimos el desarrollo inmediato de la Ley andaluza en este aspecto.

Las personas LGTBIQ+ jóvenes.

Los avances de los últimos cuarenta años, ha permitido que cada vez más, las generaciones más jóvenes cuestionen los paradigmas sexuales, y tomen conciencia de su derecho a la autodeterminación de su género y orientación sexual.

Reconocer y reconocerse como personas no binarias, como homosexuales o bisexuales, o como trans, lleva a que a edades cada vez más tempranas la juventud exija que se respete en todos los ámbitos, incluidas familias, centros educativos y grupos de iguales, dicha realidad.

Por ello, exigimos que la Consejería de Educación desarrolle la Ley 8/2017 de forma que se asegure la libre autodeterminación del género y la orientación sexual de todo el alumnado andaluz y se actúe contra el bullying LGTBIfóbico.

Asimismo, exigimos implementar medidas educativas que garanticen una formación del alumnado respetuosa con la diversidad sexual, de género y corporal, tal y como se contempla en la citada Ley 8/2017.

Se exige también la formación del equipo directivo, profesorado y EOES en materia de diversidad afectivo-sexual, de género y corporal; dado que son profesionales que intervienen directamente con la juventud. Estos profesionales deben estar preparados para atender al alumnado LGTBIQ+ en materia de prevención de acoso escolar, y fomentar una visión de las personas LGTBIQ+ desde una perspectiva despatologizante.

Cultura LGTBIQ+.

Es imprescindible cuando hablamos de los derechos de nuestra comunidad, hablar de cultura. Y no solo una cultura definida como un conjunto de conocimientos, ideas, tradiciones y costumbres que caracterizan a un grupo o parte de la sociedad, sino cultura como forma de interpretar el mundo. Una manera de mostrar a la sociedad lo que sucede a su alrededor.

Y por supuesto es necesario esa cultura LGTBIQ+ para identificarnos y sentirnos parte de un grupo que muestra su realidad a su manera. Una realidad que ha sido construida a partir del lugar oprimido que siempre se nos ha asignado por una sociedad patriarcal y machista.

Gracias a la cultura podemos ser libres, crear y construir una realidad a través de unos rasgos específicos para poder mirarnos en ellos como en un espejo y reconocernos. Y muestra de todo ello, es la amplia riqueza cultural que hemos legado a la sociedad a lo largo de los siglos.

A veces con etiquetas, otras sin ellas, la cultura LGTBIQ+ ha sido y es la mejor manera de ser libres, de no tener límites, de ser quienes queramos ser. Desde Federico García Lorca, pasando por Virginia Woolf y llegando a cualquier artista digital en Youtube que reivindica nuestra diversidad.

Y es que la cultura LGTBI es tan amplia y diversa como cada una de las personas que la componen.

Escritoras, travestis, pintoras, cantantes, escultores, poetisas, presentadores, autores… Todas, todos y todes son necesarios e imprescindibles para avanzar y conseguir un mundo más rico y más libre.

Por ello reclamamos más visibilidad LGTBIQ y referentes en la cultura en todas sus manifestaciones artísticas para la verdadera integración en la sociedad de nuestro colectivo.

Este año exigimos mayor visibilización de personas trans en cualquier rama artística, sobre todo, en las artes escénicas y no necesariamente protagonizando personajes trans, sino protagonizando papeles de mujeres y de hombres, sin la etiqueta “trans”.

Turismo LGTBIQ+.

La pandemia sanitaria en la que las personas estamos inmersas actualmente, ha demostrado la globalización del mundo y la interconexión entre todo tipo de sociedades, dejando patente que lo que ocurre en una parte del mundo, tiene repercusión en otros países o ciudades.

Por ello necesitamos que las administraciones y gobiernos fomenten el turismo LGTBIQ+, como una oferta turística de calidad, para que cualquier turista se sienta libre de sentir y de ser el mismo o ella misma cuando visita nuestra ciudad.

Necesitamos ampliar la oferta cultural y de ocio para hacer más atractiva nuestra ciudad y que sirva como herramienta para que Sevilla sea una ciudad más diversa si cabe. En definitiva, impulsar Sevilla para que sea un referente como punto de destino turístico LGTBIQ+.