Entidades andaluzas solicitan a la Consejera de Igualdad una campaña de difusión sobre el derecho de los menores a la formación en el respeto a la diversidad sexual, de género y familiar
Un total de 25 entidades
andaluzas han denunciado a la Consejera de Igualdad de la Junta de Andalucía la
ilegalidad del llamado “PIN Parental” por conculcar el derecho de los menores a
recibir formación en diversidad sexual tal y como ampara acuerdos
internacionales suscritos por España, así como por la Constitución, el Estatuto
y diferentes leyes.
Las
entidades Academia de Identidades de Género, Adriano Antinoo, Almensiris LGTB,
Apoyo Positivo, Asociación LGTBIQ La Janda Conil, Asociación Trans Huellas,
Atame, Chrysallis, Crezco, Familias LGTB+ de Andalucía, Corolgtbi de
Torremolinos, DeFrente LGTB, Diversport, Federación Andaluza Arco Iris,
Gaylespol, Glairis, Granada Visible, Juntxs Todxs por la Igualdad, Libres
LGTBI, Observatorio contra los Delitos LGTBI del Campo de Gibraltar, Ojalá
Málaga, Pasaje Begoña, Roja Directa Lgtbi Campo de Gibraltar, Red de Hombres
por la Igualdad, Togayther y TransDiversidad, han solicitado formalmente a
Rocío Ruiz, Consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de la
Junta de Andalucía, que “en 2020 y de
manera urgente antes de finalizar el curso 2019/2020, se impulse una campaña
informativa institucional de la Consejería sobre el derecho de las y los
menores andaluces a recibir formación” en el respeto a la diversidad sexual,
de géneroy familiar “en el ámbito educativo,
dirigida al alumnado, profesorado y familias así como la ilegalidad del PIN
parental.”
Las
entidades han remitido una carta a la Consejera en la que denuncian la
ilegalidad del llamado “Pin Parental” por vulnerar “la
Declaración Universal de los Derechos Humanos (art 1 y 2), la Convención sobre
los Derechos del Niño, la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión
Europea (Art 21), la Constitución Española (Art 9.2, 10, 14, 15 y 27), la Ley
de Infancia y Adolescencia, la Ley Orgánica para la igualdad efectiva entre
hombres y mujeres, la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (Art 1,
78, 84.3 y 124.2) , la Ley Orgánica de Educación (art. 6), el Estatuto de
Autonomía para Andalucía (art. 14) y la y la Ley para garantizar los derechos,
la igualdad de trato y no discriminación de las personas LGTBI y sus
familiares en Andalucía (art.13)” y avisando que “hay familias que, animadas por las campañas de difusión de
organizaciones de ultraderecha, están exigiendo su aplicación en los centros
educativos de Andalucía, lo que está llevando a muchos centros al desconcierto
y la inacción ya que desde la Administración autonómica no se está dando pautas
para rechazar firmemente dicha pretensión ilegal de algunas familias.”
Para
la puesta en marcha de esta campaña, las entidades se han ofrecido a colaborar
con la Consejería, para lo que han solicitado asimismo una reunión con la
titular del dicho departamento.
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